Las modificaciones endurecerán las sanciones a quienes violen las órdenes de restricción por violencia familiar y de género. Su control será por medios electrónicos.
El proyecto del Ejecutivo fue modificado con aportes de legisladores, magistrados y letrados. Asuntos Constitucionales emitió despacho unánime. Resta la revisión de Derechos Humanos y la reforma será implementada.
“Los cambios abarcan el Código de Procedimientos Criminales y la Ley de Violencia de Género. Luego de realizarse audiencias públicas, el testimonio de las víctimas de violencia de género y familiar evidenciaron la necesidad de una mayor control judicial y protección policial”, sostuvo el titular del interbloque AyCxSL Alejandro Cacace.
Los magistrados hicieron una propuesta alternativa respecto del proyecto presentado por el Ejecutivo que no obliga a la prisión preventiva ante el incumplimiento de una orden judicial enmarcada en el contexto de la violencia de género y familiar. “Es un proyecto más amplio que permite no solo sancionar por incunmplimientos a las órdenes de restricción, sino que abarca lesiones, amenazas e intentos de homicidio. También incorpora un elemento que permite a la otra parte probar su inocencia en caso de que así fuera”, detalló.
Otra de las modificaciones fue sobre la situación que ocurre en las audiencias en tribunales. “Hay jueces que convocan a las dos personas- la agresora y la agredida- cuando la Ley Nacional de Violencia de Género establece que deben ser por separado”, precisó Cacace sobre respetar las audiencias separadas
La incorporación de la tecnología fue un ámbito de discusión y la Legislatura será pionera. Fue incorporada una disposición para implementar pulseras electrónicas para controlar el cumplimiento de las órdenes de restricción. “Esto fue realizado con averiguaciones con el Consejo Federal de Derechos Humanos y la Nación sobre su aplicación”, concluyó Cacace.
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