El proyecto fue presentado por el diputado Gabriel Muñoz (Cambiemos) en 2015. Ese año obtuvo la media sanción y nunca fue tratado en la Cámara Alta.
La iniciativa busca otorgar licencia a todos los agentes del Estado provincial, sin importar la dependencia donde trabajen, cuando sufran violencia de género o familiar. La iniciativa alcanza a los beneficiarios de planes sociales, y les permite seguir gozando de sus haberes y pudiéndose ausentar en forma total o parcial de su puesto laboral.
La violencia de género sigue siendo una manifestación de una problemática social y cultural compleja. Dicha problemática no solo se mantiene dentro de las estructuras familiares, sino que la violencia como acto de poder y desigualdad traspasa la cuestión vincular. Es de conocimiento público y social que en su gran mayoría dicha violencia está destinada al género femenino, pero sin obviar que también existe aún más oculta, la violencia ejercida al género masculino.
Reconocer que la violencia de género no es una enfermedad ni un asunto particular sino que es una manifestación cultural, estructural y creciente de desigualdad y poder, con lo que se pretende, a través de la iniciativa es garantizar un derecho laboral no reconocido como tal.
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