Este martes la bancada presentó una iniciativa para que San Luis incorpore a su legislación la normativa federal con el objetivo de reducir los juicios laborales. “Queremos reducir la litigiosidad y los costos del sistema”, explicó Alejandro Cacace.
El proyecto de Cambiemos pretende que la provincia de San Luis adhiera a la Ley Nacional Nº 27.348, Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo.
La salud de los trabajadores, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales son temas que ocupan al Estado moderno, el sistema de protección de los trabajadores ha sufrido numerosas modificaciones atendiendo a problemas políticos, económicos y sociales.
Lamentablemente, durante todo ese largo proceso, quienes se vieron más beneficiados por las normas no han sido los trabajadores o las empresas empleadoras, sino de la “industria del juicio” que ha encontrado siempre en el sistema algún recoveco o mecanismo para torcerlo abusivamente en su beneficio.
“La Superintendencia de Riesgos del Trabajo destacó mediante un reciente informe que en los distritos donde las provincias adhirieron a la nueva Ley de ART se aceleraron las resoluciones de demandas de accidentes, con un doble beneficio, para el trabajador que cobra antes el siniestro y para la empresa, que reduce gasto”, explicó Cacace.
La industria del juicio laboral no genera más ocupación- ya que en definitiva el trabajador pierde su puesto de trabajo- pero si enriquece de sobremanera a un grupo de abogados que de las sentencias se quedan del 20 hasta el 30 por ciento del dinero.
Entre 2010 y 2016 las estadísticas nacionales muestran que los juicios resueltos implicaron un pago de sentencias por 3.500 millones de dólares. Los honorarios de abogados y peritos pagados efectivamente en estos juicios ascendieron a 700 millones de dólares. Solo en 2016, se pagaron 126 millones millones de dólares en concepto de honorarios.
“Más de 1.900 casos de reclamos por accidentes laborales o enfermedades profesionales, se atendieron en el sistema de homologación creado a partir de la nueva ley que reformó el sistema de riesgos del trabajo a partir de marzo. Desde que el servicio de homologación entró en plena operatividad, se homologaron más de 1.278 casos, el 84% de ellos con acuerdo”, concluyó Cacace.
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