El diputado Alejandro Cacace (UCR) analizó las incongruencias del proyecto enviado por el Ejecutivo provincial. “Se está adulterando la confección real del presupuesto para fingir que se está cumpliendo con la ley”. Su bancada-Cambiemos- presentó una solicitud de informes esperando una respuesta gubernamental.
Entre las múltiples trampas del Presupuesto 2018, donde el Gobernador tiene la capacidad de “dibujar” y subejecutar las partidas (superpoderes presupuestarios), ahora también el oficialismo está forzando las cifras para que los gastos corrientes y gastos de capital se ubiquen en un equilibrio de 50 por ciento cada uno, como establece la ley pertinente.
El gasto corriente es el destinado a la adquisición de bienes y servicios que realiza el sector público durante el ejercicio fiscal sin incrementar el patrimonio. Este tipo de gasto incluye las erogaciones necesarias para que las instituciones del gobierno proporcionen servicios públicos de salud, educación, seguridad, pensiones, subsidios, personal, medicamentos. El gasto de inversión que realizan las dependencias y entidades de la administración pública federal.
“Existen enormes mitos en el presupuesto que siempre envía la Provincia. El primero es que todo se hace con recursos propios. El texto sostiene que más de veinte mil millones de pesos vienen de la Nación. Es decir cuatro de cada cinco pesos”, detalló Cacace.
“Otro de los grandes mitos es que la mitad del presupuesto se va entre gastos de capital y obras públicas. Esto no se cumple o se subejecuta diferente. Cada año va maquillándose cualquier cosa como gasto de capital”, resumió.
“En la confección de este presupuesto vemos que hay gastos claramente corrientes como limpieza, honorarios, considerados como gastos de capital. Estos gastos, incluso el año pasado fueron considerados corrientes. Entonces está forzándose la clasificación del presupuesto para la suma de las cifras y así fingir que se cumple con la ley. Este maquillaje puede ser un error, pero si ha sido deliberado estamos frente a una falsedad ideológica donde se adultera la confección real para simular que se cumple con la Ley Permanente de Presupuesto”, desarrolló el joven legislador.
Para Cacace existe gravedad en esta presunta adulteración y por eso presentaron junto a la bancada Cambiemos una solicitud de informes con 48 horas de plazo para que responde el Ejecutivo provincial y adelantó que lo pedirán sobre tablas este miércoles. “Está la firma del Gobernador Alberto Rodríguez Saá y la Ministra de Hacienda Natalia Zavala Chacur. Queremos que se aclare y se enmiende esta situación”, concluyó.
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